El gobernador Gustavo Melella reafirmó su compromiso con la defensa de los puestos de trabajo en la industria textil de Tierra del Fuego tras una reunión con representantes del sector. El encuentro, que se realizó en Casa de Gobierno y por videoconferencia, abordó la delicada situación que atraviesa el rubro, agravada por recientes resoluciones de la Secretaría de Industria de la Nación, que excluyen a ciertas empresas de los beneficios del subrégimen industrial.
La reunión contó con la participación de empresas del sector, así como representantes sindicales de SETIA, SOIVA y AOT. Además, acompañaron al Gobernador el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, y las ministras de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, y de Producción y Ambiente, Karina Fernández.
Durante la reunión, se analizaron los casos particulares de cada empresa afectada y se evaluaron los próximos pasos para intentar revertir la situación que pone en riesgo cientos de empleos. Melella expresó su preocupación por las resoluciones nacionales, señalando que aunque se venía trabajando con la Secretaría de Industria para reacomodar ciertos aspectos del sector, las recientes decisiones sorprendieron tanto al Gobierno provincial como a los propios industriales.
El Gobernador informó que ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional una nueva mesa de trabajo para revisar las decisiones, subrayando que, aunque no se defenderán prácticas incorrectas, es necesario evitar medidas drásticas que afecten el tejido productivo de la provincia. Además, aseguró que la administración provincial acompañará a todas las empresas afectadas en su proceso de apelación para reincorporarse al subrégimen industrial.
Por su parte, Rodrigo Cárcamo, secretario general de SETIA, explicó que algunas empresas, como Australtex y Fabrisur, están en proceso de revisión impositiva, con la esperanza de resolver sus situaciones en los próximos 20 días. Sin embargo, otras como Sueño Fueguino y Barpla enfrentan cuestiones judiciales con el Gobierno Nacional, lo que complica su acceso a la prórroga del subrégimen.
Cárcamo destacó la incertidumbre que afecta a 500 familias cuyos empleos están en riesgo y valoró el espacio de diálogo para plantear estas preocupaciones, mientras se analizan los próximos pasos administrativos.
