El Gobierno ha impulsado un proyecto de ley que propone declarar la emergencia del sistema integral de seguridad pública por dos años, con el objetivo de destinar 5 mil millones de pesos para mejorar las infraestructuras y equipar tecnológicamente a la Policía de la Provincia y al Servicio Penitenciario. Estos recursos se utilizarán principalmente para realizar mejoras edilicias en diversas dependencias donde se alojan personas privadas de su libertad, así como para actualizar el software y el equipamiento de la Policía fueguina.
Jorge Canals, viceministro de Coordinación de Gabinete, destacó que este proyecto del Ejecutivo es más amplio que la propuesta presentada en 2023 por el legislador Pablo Villegas (Mopof), que se limitaba a la emergencia del Servicio Penitenciario. Este nuevo plan contempla también la posibilidad de articular iniciativas público-privadas, basándose en experiencias internacionales y en estudios que el propio Gobierno nacional está considerando.
El proyecto también hace hincapié en la situación del Servicio Penitenciario, que enfrenta desafíos debido al crecimiento de la comunidad carcelaria. Canals explicó que, aunque en el pasado se propuso la construcción de una nueva unidad carcelaria en Ushuaia, esa idea no prosperó por falta de recursos. Actualmente, se estima que construir una nueva unidad carcelaria costaría entre 22 mil y 25 mil millones de pesos, una cifra inalcanzable para el Estado provincial.
A pesar de la falta de fondos para una nueva construcción, el Gobierno está llevando a cabo refacciones y remodelaciones en el Anexo 4 de Ushuaia para aliviar la situación de la Alcaldía. Asimismo, se están completando trabajos en la ex casa de pre-egreso en Río Grande, que permitirá albergar entre 50 y 60 personas privadas de su libertad. Estos trabajos incluyen la instalación de un circuito cerrado de cámaras de seguridad, cerramientos de rejas, sistemas de agua y calderas.
Por otro lado, la inclusión de iniciativas público-privadas es un aspecto crucial del proyecto, ya que, según Canals, abrirá nuevas alternativas para aliviar la situación carcelaria. En este sentido, señaló que la participación del sector privado, como se está viendo en lugares como Buenos Aires y en el Gobierno nacional, podría incluir la construcción de unidades penitenciarias bajo el esquema de negocios en el que los privados brindarían servicios como alimentación y lavandería, con la posibilidad de recuperar la inversión a lo largo del tiempo.
Finalmente, Canals subrayó que, aunque la seguridad es una responsabilidad del Gobierno provincial, es necesario buscar alternativas en el contexto económico actual. La declaración de emergencia permitiría acelerar trámites y contrataciones, especialmente en áreas donde se manejan esquemas dolarizados, como la compra de software para la apertura de celulares y el hardware asociado a las tobilleras electrónicas. El presupuesto de 5 mil millones de pesos está destinado principalmente a mejorar infraestructuras menores y actualizar los softwares necesarios para la Policía de la provincia.
