La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, rechazó una medida cautelar presentada por Victoria y Antonela Garay, quienes solicitaban hacer la cuarentena obligatoria de 7 días que les exige la provincia puntana en la casa de su mamá, en lugar de aislarse en la Universidad de La Punta. «Necesitan hacer el duelo en familia», se indigó su abogada, Emma Matorras.
Cuando todavía no pueden reponerse de la muerte de su padre y de toda la angustia que tuvieron que vivir para que el Comité de Crisis de San Luis las autorizara a ingresar a la provincia, esta vez la que les dio la espalda a las hermanas Victoria y Antonela Garay fue la justicia. Es que el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la doctora Mariel Borruto, rechazó una medida cautelar presentada por las jóvenes para poder hacer los 7 días de cuarentena obligatoria que les exige la provincia en la casa de su mamá, en lugar de tener que aislarse en la Universidad de La Punta.
La noticia fue confirmada a Infobae por la abogada de las jóvenes, Emma Matorras, quien se mostró indignada por la “falta de humanidad que tuvo el fallo” de la doctora Borruto. “Cuando las llamé para darles la noticia se largaron a llorar”, contó la letrada. “Imaginate que el lunes a la noche se enteraron en la ruta, mientras viajaban hacia San Luis, que el papá había muerto; y hoy que recién van a poder ver a su mamá una semana después de ingresar a la provincia”, señaló.
Para Matorras “el fallo de la juez fue bastante contradictorio porque autorizó a las chicas a asistir al velatorio, cuando sabía que estaban a miles de kilómetros de distancia, pero no les permite reunirse en lo inmediato con su mamá”. Y agregó: “Las chicas están sin descansar, agotadas mentalmente y destruidas anímicamente. Solo pedíamos una señal de humanidad”.
Y así como a nadie le importó que se respetaran los derechos de las chicas, a nadie pareció importarle que Martín Garay, un paciente de 61 años con cáncer de pulmón y metástasis ósea, tuviera las horas contadas y se mostrara esperanzado en poder darle un último abrazo a sus hijas antes de morir. Los separaban a 3.200 km de distancia: él en San Luis y ellas en Tierra del Fuego. Y por culpa de los trámites burocráticos que les exigía el gobierno puntano no pudieron despedirlo ni asistir a su velatorio.
Después de 10 intentos fallidos, en los que el Comité de Crisis de San Luis les rechazó el permiso de acceso a la provincia; creyeron esperanzadas que la justicia las escucharía. Pero tampoco fue así. El sepelio de los restos de Garay, previo responso religioso en la parroquia San José, se realizó el martes a las 11 horas, cuando sus hijas aún estaban a mitad de camino.
El hombre falleció el lunes por la noche de un paro cardíaco en el pueblo de Quines, departamento de Ayacucho, donde se encontraba con internación domiciliaria y cuidados paliativos. Lo habían diagnosticado el 14 abril y cuatro meses después del tratamiento los médicos le dijeron que su cuadro era irreversible.
“Llevamos 13 días de reclamos. Y las chicas hoy se encuentran frente a un desenlace que no era el esperado. La intención siempre fue que llegaran a despedirse de su padre”, se lamentó Matorras. “En este contexto ellas necesitan estar con su madre. Necesitan hacer el duelo con ella ”, insistió.
Cuando se enteraron de la noticia del fallecimiento, las jóvenes estaban en Puerto San Julián y Victoria tuvo que ser atendida en un hospital santacruceño porque entró en estado de shock. “Ellas no están en condiciones anímicas para viajar pero Victoria continúa manejando igual”, contó Matorras.
Las Garay nunca estuvieron en contra de las políticas sanitarias puntanas y siguieron al pie de la letra todos los requisitos para tramitar el permiso de circulación. Presentaron toda la documentación médica que acreditaba que su padre era una paciente terminal e incluso los resultados del hispado negativo que se habían hecho en un laboratorio fueguino autorizado. Pero la frialdad de la burocracia política se impuso ante sus súplicas y ahora no encuentran consuelo.
Este lunes, y después de la viralización del caso, el Comité de Crisis sacó un comunicado donde informó que finalmente las autorizaba a ingresar a San Luis pero con dos condiciones: PCR negativo al momento de su llegada y 7 días de cuarentena en las residencias de la Universidad de La Punta. En este caso particular, solo decidió reducir una semana el aislamiento obligatorio y se mantuvo inflexible ante la petición de las hermanas.
“La política que cada provincia asume en resguardo de sus ciudadanos es comprensible. Pero cuando el ejercicio de ese poder ya deshumaniza el reclamo de dos hijas que tenían a un papá que vivía donde no hay casos de COVID y ellas tampoco tienen COVID, eso sí es una falta de sentido común”, remarcó la doctora Matorras.
Y se preguntó: “¿Cuál era el inconveniente de hacer la cuarentena en su casa?. Fue una negativa sistemática. No solamente somos ciudadanos sino seres humanos que tenemos sentimientos y el derecho de poder acompañar a nuestras familias en momentos críticos. Hay cuestiones que se desbordan en este contexto epidemiológico y el Estado no puede desentenderse”.
El caso de Martín Garay se conoció luego de la muerte de Solange Musse. El papá de la joven, a quien le prohibieron el ingreso a Córdoba desde Neuquén para despedirse de su hija enferma de cáncer, también tuvo que presentar una medida cautelar. Y a diferencia de las hermanas, el hombre sí pudo estar presente en el velatorio y darle ese abrazo tan anhelado aunque sea en el cajón.
